Mexico's Democratic Malaise

Comment SharePrint

A protester holds a symbolic coffin who reads "democracy" during a demonstration in support of Andres Manuel Lopez Obrador, runner-up in Mexico's presidential race, after a court threw out his challenge to the poll result, in Hermosillo September 1, 2012 (Alonso Castillo/Courtesy Reuters).

A protester holds a symbolic coffin that reads "democracy" during a demonstration in support of Andres Manuel Lopez Obrador, runner-up in Mexico's presidential race, after a court threw out his challenge to the poll result, in Hermosillo September 1, 2012 (Alonso Castillo/Courtesy Reuters).

During Mexico’s 2012 presidential election, many political pundits voiced their fears that the PRI’s return would bring a resurgence of the country’s less democratic past. According to new polling data by the Pro­yecto Comparativo de Elecciones Nacionales, this worry seems widespread, as fewer Mexicans believe in and support the country’s institutions and democracy itself. Yet this is at a time when Mexico’s checks and balances are, if anything, strengthening, especially when compared to the past PRI presidencies. In an article published in the recent issue of Foreign Affairs Latinoamerica (and below), Alejandro Moreno and I look at the survey results and how they fit into the country’s political and social context.

La opinión pública mexicana acerca de la democracia muestra focos rojos luego de la elección presidencial de 2012. El apoyo popular a la democracia registra una baja notable respecto del nivel observado hace 6 años: la mayoría de los ciudadanos percibe deterioro en vez de avance en el carácter democrático del país, y el sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia va al alza. Todo esto se acompaña por una amplia creencia de que la elección presidencial de 2012 estuvo marcada por irregularidades.

Acaso estos podrían ser componentes de un síndrome de desilusión democrática que acecha a la sociedad mexicana y cuyas causas pueden estar en el creciente malestar ciudadano ante la inseguridad, la situación económica y la corrupción. Lo más llamativo es que ni el resultado de la elección presidencial (el voto de castigo al Partido Acción Nacional, pan, como partido gobernante) ni el cambio de gobierno (el regreso del Partido Revolucionario Institucional, pri, a la Presidencia) parecen generar optimismo entre los mexicanos. El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto tiene frente a sí a una sociedad menos esperanzada en la democracia.

En este artículo analizamos los resultados para México de la encuesta del Proyecto Comparativo de Elecciones Nacionales (cnep). La encuesta cnep es un estudio internacional que se lleva a cabo en varios países después de celebrarse comicios nacionales. En México, la encuesta se ha realizado a nivel nacional en dos ocasiones: en la elección presidencial de 2006 (a 2 116 adultos entrevistados después de la elección, en julio de ese año) y en la elección presidencial de 2012 (a 1 600 a dultos entrevistados también en julio). Esta última contó con el patrocinio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

La comparación de las respuestas de los entrevistados en ambos entornos postelectorales nos permite documentar que las percepciones que hay en el país acerca de la democracia son mucho más negativas hoy de lo que eran en 2006. Nuestro objetivo es reflexionar acerca de este malestar democrático y de los problemas a los que se enfrentará el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto para fortalecer la confianza ciudadana en la democracia.

La mexicana nunca ha estado entre las sociedades que expresan una gran convicción democrática. Después de la elección de la alternancia, en 2000, los indicadores de apoyo democrático en el país mostraban que la mayoría de los mexicanos había recibido a la democracia con entusiasmo; pero incluso en ese año, era evidente que el apoyo popular al sistema democrático era bajo, en comparación con lo que se observaba en otros países y regiones del mundo: dos tercios de los mexicanos (el 65%) apoyaban un sistema democrático de gobierno, comparado con porcentajes superiores al 80% en Europa y Latinoamérica, y por arriba del 70% en Asia, África y en el mundo postcomunista, según datos de la Encuesta Mundial de Valores.

Por lo visto, el apoyo a la democracia en México no sólo es bajo, sino que además va a la baja. Según la encuesta cnep, de un 66% de los mexicanos que en julio de 2006 opinaban que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, la proporción disminuyó a 54% en julio de 2012.

Esta caída en el apoyo a la democracia resulta disonante si pensamos que una mayor democratización en el país debería ir acompañada por crecientes actitudes sociales de apoyo al régimen democrático. Pero otra pregunta del cnep nos confirma la erosión en el apoyo popular a la democracia. Según la encuesta, la proporción de ciudadanos que están “muy de acuerdo” con la frase “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, bajó del 47% al 30% de 2006 a 2012. Ésta parece una señal inequívoca de que la convicción democrática en el país está debilitada.

Este deterioro refleja, en parte, el legado de la elección presidencial de 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer los resultados de la cerrada contienda. Su discurso de denuncia contra el presidente Felipe Calderón y el sistema político en general se extendió durante el sexenio, y amainó al competir por segunda vez por la Presidencia en 2012. Al no mostrarse como una oposición leal democrática, su retórica debilitó la creencia de sus seguidores en las instituciones del país.

Por otro lado, el declive del apoyo a la democracia también refleja los contratiempos económicos de los últimos años. La crisis financiera internacional de 2008 golpeó a México más que al resto de los países latinoamericanos debido a sus vínculos más cercanos con la economía de Estados Unidos. La economía mexicana tuvo un golpe adicional en 2009 a causa de la gripe ah1n1. Aunque algunos gobiernos y organizaciones internacionales aplaudieron la rápida y comprensiva reacción de México, el costo sumó cientos de millones de dólares y se extendió a miles de millones en pérdidas en el sector del turismo. Luego de cierta recuperación económica en 2010 y 2011, el crecimiento de los empleos siguió rezagado. Más de dos millones de empleos creados durante el sexenio del presidente Calderón, según las cifras del Sexto Informe de Gobierno, no fueron suficientes para mantener el ritmo en el número de mexicanos que entraron al mercado de trabajo.

Pero quizás el factor que más ha incidido en el debilitamiento de la creencia en la democracia es la inseguridad. En 2007, se registraron poco más de 2 000 muertes relacionadas con la violencia por las drogas, mientras que en 2011 el número había ascendido a 16 000. Estas cifras pueden variar, pero la tendencia ha sido ascendente. Más importante aún para el ciudadano promedio es el aumento en la tasa de delitos: el 40% de los mexicanos afirmó haber sido víctima del crimen en el último año (2011), lo que situó a México como el lugar más peligroso de Latinoamérica, según las cifras del estudio Latinobarómetro. La creciente inseguridad no sólo ha tenido serias consecuencias económicas y sociales, sino también para la democracia mexicana. Las virtudes de la competencia democrática pueden parecer un consuelo menor para los ciudadanos, cuando les preocupa más la seguridad de su patrimonio, de su vida y la de sus familias.

Más aún, la creciente transparencia e independencia mediática han dejado al descubierto, en varias ocasiones, las debilidades del sistema mexicano y la corrupción que le acompaña. Las historias de corrupción entre los políticos y de filtraciones del narco en las instituciones son revelaciones que ciertamente pueden disminuir la convicción de los mexicanos en la democracia y en su funcionamiento.

Los politólogos han tomado prestados de los economistas los conceptos de oferta y demanda cuando analizan las diversas actitudes ciudadanas hacia la democracia. La demanda suele verse como el porcentaje de la población que apoya a la democracia, en el sentido de que esa forma de gobierno se considera algo deseable. Las preguntas citadas arriba reflejan una demanda popular en el sentido de que “la democracia es preferible” o que “la democracia es el mejor sistema de gobierno”. Una genuina demanda democrática (la convicción por la democracia) debería estar acompañada por un bajo apoyo popular (una menor demanda) a otras formas alternativas—no democráticas—de gobierno.

En contraste, el lado de la oferta se refiere a la disponibilidad y a la calidad de la democracia, como una especie de bien o servicio. Esto suele representarse mediante las percepciones ciudadanas acerca de cuánta democracia hay y qué tan bien o mal está funcionando. Para el primer aspecto, las encuestas internacionales, como el cnep, miden las percepciones de la gente acerca de cuán democrático es el país, mientras que, para el segundo aspecto, se pregunta qué tan satisfecha o insatisfecha está la población con el funcionamiento de la democracia.

La encuesta cnep registra una disminución de la oferta democrática en ambos sentidos. De 2006 a 2012, el porcentaje de entrevistados que considera que México es una democracia plena bajó del 15% al 10%, mientras que el porcentaje que opina que es una democracia con problemas menores disminuyó del 48% al 26%. Tomando la suma de ambas opiniones como un indicador de la gente que ve a la democracia en buen estado, la caída en esa percepción ha sido del 63% al 36% en 6 años.

Por el contrario, el porcentaje de entrevistados que considera que México es una democracia con problemas graves aumentó del 26% al 34%, mientras que la proporción que simplemente no cree que el país sea una democracia aumentó del 7% al 28%. La suma de ambas opiniones indica un cambio del 33% al 62% en la proporción de mexicanos que ve en mal estado la democracia en el país.

El otro indicador de oferta democrática, la satisfacción con su funcionamiento, confirma el sentimiento de malestar. En julio de 2006, luego de una polarizante elección y un conflicto postelectoral, el 56% de los entrevistados a nivel nacional manifestó que estaba muy satisfecho o algo satisfecho “con la manera como la democracia está funcionando en el país”, cifra que superó el 42% que dijo sentirse poco o nada satisfecho. El nivel de insatisfacción con la democracia era alto, pero minoritario.

En contraste, en julio de 2012, el nivel de insatisfacción con la democracia fue mucho más alto: 70%. El 29% dijo estar muy satisfecho o algo satisfecho. La proporción de quienes dijeron que no estaban nada satisfechos aumentó del 15% al 36% de una elección a otra. Retomando la terminología señalada, puede decirse que la oferta democrática en el país es limitada (se percibe poca democracia) y de calidad cuestionable (no se ve que esté funcionando bien).

A diferencia de la economía, en donde la valoración de los bienes y servicios se fija por una relación inversa entre la oferta y la demanda, en la política la oferta y la demanda democráticas parecen moverse en la misma dirección. En cualquier país que aspire a tener una democracia de calidad, se espera que haya un amplio apoyo ciudadano a la democracia (la fuente de legitimidad por principio) y que los gobiernos sean de hecho democráticos y responsivos. En México, efectivamente, estos dos aspectos se mueven juntos, pero en declive: la encuesta cnep registra una menor convicción respecto a la democracia (apoyo), un deterioro democrático (disponibilidad) y una creciente insatisfacción con la democracia en el país (funcionamiento). Tanto la demanda como la oferta caen, fenómeno que ha llegado a interpretarse como una democracia devaluada.

Aunque esto lo indican las opiniones y percepciones de la gente, la evidencia institucional puede ir en sentido inverso. En comparación con lo que sucedía hace 20 años, el sistema político mexicano tiene hoy pesos y contrapesos democráticos reales. Desde 1997, el gobierno dividido ha cambiado las formas como el Presidente negocia con el Congreso y como los políticos negocian entre sí. Durante los 70 años del pri en el gobierno, el Congreso solía aprobar las iniciativas del Presidente sin mayor aspaviento. Hoy en día, con múltiples partidos y sin mayoría absoluta, los partidos están obligados a trabajar para pasar proyectos legislativos grandes y pequeños. De hecho, la queja más común es la parálisis legislativa—un problema, sí, pero también un signo de madurez de las instituciones democráticas mexicanas—.

El poder judicial también ha ganado autonomía, especialmente al más alto nivel. Desde que se profesionalizó en 1990, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha transformado en un árbitro independiente. Si bien alguna vez seguía una línea partidista, desde entonces la Corte ha mostrado una nueva independencia, en algunos momentos incluso defendiendo el interés público contra las grandes empresas al derribar legislación dañina para los consumidores, como la llamada “Ley Televisa”. La Corte también ha fortalecido a los reguladores frente a monopolios y oligopolios.

Si antes los medios de comunicación actuaban coludidos con el gobierno, quien controlaba sus contenidos y sus procesos de impresión, ahora el llamado “cuarto poder” es mucho más autónomo y crítico. La sociedad civil también ha encontrado una voz y un papel independientes, y ha logrado presionar al gobierno en muchos temas importantes, incluida la transparencia, las reformas judiciales y los derechos de las mujeres. Los grupos de la sociedad civil han utilizado los medios impresos tradicionales y las redes sociales para abogar por sus causas, exponer públicamente a funcionarios públicos corruptos e incentivar una mejor conducta de quienes toman las decisiones de política pública en el país. Aunque ninguna de estas fuerzas “democratizadoras” es perfecta, la diferencia respecto de hace 20 (o incluso hace 10) años es sustancial. Todo esto hace que el deterioro en las percepciones de la democracia sea aún más preocupante.

Además de los sentimientos predominantes de malestar ante la inseguridad, el estado de la economía y la corrupción que la mayoría de las encuestas marca como las principales preocupaciones de la gente en México, la creciente decepción democrática tiene un eslabón electoral. La mayoría de los mexicanos opina que las elecciones sí se llevan a cabo de manera libre y justa en el país, pero también la mayoría percibe que en 2012 hubo razones serias para dudar de los resultados de la elección presidencial.

Según el estudio cnep, la proporción de entrevistados que dijo estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con que las elecciones en México “son libres y justas” fue del 61% en julio de 2012. Si bien ésta es una postura mayoritaria, ciertamente es menor a lo registrado 6 años antes, cuando la encuesta arrojó 76%. La proporción de entrevistados que no está de acuerdo aumentó del 22% al 38%. El escepticismo hacia las elecciones estuvo cerca de duplicarse de una elección presidencial a otra.

Las percepciones de que el voto es respetado también se mantuvieron como un punto de vista mayoritario entre la población, pero con el mismo síntoma de deterioro. El porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la frase “el voto de los mexicanos es plenamente respetado” bajó del 66% al 52% de 2006 a 2012, mientras que el porcentaje en desacuerdo aumentó del 31% al 46%. La sociedad mexicana está hoy mucho más dividida que hace 6 años en cuanto opinión sobre la integridad de las elecciones.

La señal más clara de división es la calificación que le otorgaron los ciudadanos a los comicios del 1 de julio de 2012, la cual se partió prácticamente en tres tercios: el 31% opinó que las elecciones “se llevaron a cabo en forma plenamente confiable”, el 35% asintió que “estuvieron bien pero con irregularidades menores” y un 32% apuntó que la elección “estuvo llena de irregularidades y los resultados no son confiables”. Como sería de esperarse, estas posturas se relacionan con la preferencia política de los entrevistados: los seguidores de Andrés Manuel López Obrador comparten mayoritariamente la tercera opción (“los resultados no son confiables”), los de Enrique Peña Nieto la primera (“plenamente confiable”) con una proporción importante que se inclina hacia la segunda (“irregularidades menores”), y tanto los seguidores de Josefina Vázquez Mota como los votantes independientes se distribuyeron entre la segunda y tercera opción. La calificación de las elecciones refleja un sesgo de ganadores y perdedores.

¿De dónde proviene, principalmente, la idea de que les faltó integridad a las elecciones de 2012? La encuesta cnep señala que una posibilidad es la forma como se utilizó el dinero. El 55% de los entrevistados cree que hubo quienes excedieron el tope de gastos de campaña y un 52% cree que hubo compra masiva de votos. Esta última percepción parece más influida por el ambiente informativo que por la experiencia directa, en tanto que el 12% de los entrevistados afirmó que “alguien le ofreció algún regalo o compensación para votar por un candidato o partido específico”. El 75% de ellos señaló que dicho ofrecimiento provino de parte de la campaña de Enrique Peña Nieto. Los cambios a la ley electoral en este sexenio dieron una nueva modalidad al uso del dinero por parte de los partidos políticos, cuya publicidad en medios solía significar un fuerte gasto y ahora no.

La comparación de las encuestas cnep de 2006 y 2012 documenta una erosión de la legitimidad democrática en México. Dicha legitimidad tiene dos lados: uno de principios (el apoyo y la convicción democráticos) y uno de disponibilidad y desempeño (cuán democrático es el país y cuán satisfechos están los mexicanos con el funcionamiento de la democracia). La literatura internacional sobre el tema apunta que ha habido una “recesión democrática” en el mundo, más generalmente hablando, un déficit democrático. Pero este déficit se centra, fundamentalmente, en el lado de la disponibilidad y el desempeño, más que en el de los principios y la convicción. Sin embargo, en México, la erosión de la legitimidad democrática incluye los principios y las convicciones, el apoyo popular, la creencia de que la democracia “es el mejor sistema de gobierno”. No es solamente la falta de resultados, sino un resquebrajamiento de las convicciones.

La vitalidad democrática en un país requiere que esa legitimidad por principios sea fuerte. Tanto el nuevo gobierno como las instituciones mexicanas en su conjunto tienen frente a sí la tarea de fortalecerla. Es probable que para lograrlo tengan que cambiar las condiciones de inseguridad y malestar económico, pero también de integridad y transparencia institucional.

Published in conjunction with Latin America’s Moment at the Council on Foreign Relations.